Por Eric Duport Jaramillo
De la misma forma que las juntas directivas, la figura del revisor fiscal tiene un desarrollo limitado en las empresas colombianas, debido en gran medida, al desconocimiento del papel que juega este órgano en asegurar el cumplimiento de mínimos legales, definitivos para el correcto y transparente funcionamiento de las organizaciones.
El marco empresarial colombiano es tan complejo, que en empresas pequeñas obligadas legalmente a contar con un revisor fiscal, éste mezcla su función fiscalizadora con una función asesora, confundiéndose en una misma persona, el juez y la parte, lo que deslegitima su función, asumiendo una enorme responsabilidad personal y profesional, muchas veces de buena fe o por el simple hecho de conservar su contrato y asegurar sus honorarios.
Es común encontrar en las empresas la figura del revisor fiscal en cabeza de la misma persona que ha ejercido ese cargo desde hace varias décadas. Por supuesto, este personaje se convierte en el asesor de confianza del gerente, la familia y la junta directiva, al punto que es el mismo que les realiza la declaración de renta, aunque la firme un tercero. En materia de elección, generalmente es el mismo gerente quien lo escoge, pensando más en el consejo que pueda brindarle, que en la autonomía que debe caracterizar sus dictámenes.
En efecto, las buenas prácticas de gobierno corporativo establecen la necesidad de tener procesos de selección del revisor fiscal bajo criterios objetivos y de independencia, con la necesidad de presentar por lo menos tres propuestas al órgano que lo selecciona. No olvidemos que el revisor fiscal se convierte en los ojos de los accionistas dentro de la empresa, por lo tanto, son ellos quienes deben asegurarse de elegir una firma reconocida o un profesional independiente para que de fe de la correcta actuación de los administradores, de acuerdo a lo establecido en los estatutos y en la ley.
Así mismo, es recomendable rotar al revisor fiscal al menos cada cinco años. Sobre la premisa de que escoba nueva barre mejor, el nuevo auditor llega a la empresa con un criterio independiente, alejado de los posibles amiguismos que se dan por el hecho de compartir largos períodos de tiempo con funcionarios de la empresa. En una encuesta realizada por la superintendencia de sociedades hace 10 años, se identificó que el 82,7% de las empresas no rotan al revisor fiscal al menos cada cinco años, afectándose seriamente criterios de independencia en su ejercicio profesional.
Cada vez más, encontramos en el mercado a profesionales que cumplen integralmente su función, dando estricta observancia a las funciones contenidas en el código de comercio y en la legislación tributaria. En la medida que los empresarios empiecen a exigir revisores fiscales íntegros y bien preparados y que los accionistas realicen evaluaciones sobre el cumplimiento de los objetivos planteados y aprobados en el plan de auditoría, estaremos promoviendo la profesionalización de un gremio que tiene una altísima importancia en el correcto manejo de las empresas, en momentos en que todos clamamos por gobiernos transparentes y honestos.
No olvidemos que las peores crisis empresariales recientes en el mundo, tuvieron una alta complicidad por la participación activa de las firmas de auditoría externa en los entramados ilegales planeados por los administradores, o por el contrario, por ausencia total de fiscalización, cuando esta era completamente necesaria.
Ser socio y accionista en una empresa, además de decidir el reparto de utilidades, exige tener la habilidad y responsabilidad de escoger a aquel que ayudará, a través de su oficio profesional, a garantizar que nuestros recursos estén bien administrados.
